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El escándalo del Patio 29: LOS ERRORES DE IDENTIFICACIÓN
Desde 1995 el Servicio Médico Legal sabía que había errores y dudas en la identificación de los cadáveres de ejecutados políticos encontrados en el Cementerio General. Y los funcionarios del SML denunciaron a la Contraloría en el 2002 lo que denominaron un “cúmulo de irregularidades” en que habrían incurrido autoridades del Servicio.
N° 3.293 del 8 al 21 de mayo del 2006
Dirigentes de los funcionarios del SML entrando al Ministerio de Justicia. Iban a plantear sus inquietudes y denuncias al ministro Isidro Solís.
Para cualquier ciudadano chileno es un episodio de crueldad infinita luego de una larga historia de errores y horrores. Y también pudiera revelar una insólita indiferencia o franca desidia frente al drama de los familiares de los detenidos-
desaparecidos, en lo que quizá se articulan la urgencia política por cerrar los casos con la indolencia de parte de la administración pública.
Lo indudable es que ha sido el escenario de la crisis más grave que ha debido enfrentar el Gobierno de Michelle Bachelet. La conclusión del ministro Carlos Gajardo respecto de la identificación de los cuerpos de detenidos- desaparecidos ocultados en el Patio 29 del Cementerio General fue lapidaria: 48 de las 96 víctimas fueron mal identificadas.
La dolida mirada de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFFD) se dirigió hacia el Gobierno del presidente Ricardo Lagos, al cual habían expresado su preocupación por la labor que realizaba en esa materia el Servicio Médico Legal (SML). El impacto recorrió en forma transversal a la clase política, y la Cámara de Diputados resolvió en forma unánime establecer una comisión investigadora.
Mientras el Ejecutivo navegaba entre condenar el hecho y al mismo tiempo defender la gestión de la Administración anterior, la abogada de derechos humanos Pamela Pereira “que es hija de un desaparecido” se trenzó en una violenta polémica con el ex ministro de Justicia y actual senador radical José Antonio Gómez.
La jurista señaló, aludiendo a la eventual “responsabilidad política” de Gómez, que el ex secretario de Estado habría declarado en una auditoría interna que fue dispuesta por el ex presidente Lagos en el Ministerio de Justicia y el SML.
“Que no me venga a imputar temas que me parecen de una falsedad, falta de caridad, de una alma negra; eso es lo que tiene Pamela Pereira. Tiene el alma destrozada, porque es incapaz de decir la verdad” retrucó el indignado ahora presidente del PRSD.
LAS INTERROGANTES
Los primeros reportes sobre la utilización del Patio 29 del Cementerio General como un lugar de sepultura ilegal de ejecutados políticos luego del golpe de Estado, se remontan a los primeros testimonios que recibió el Comité Pro Paz.
Sin embargo, fue necesario el término del régimen militar para que se iniciaran investigaciones judiciales en el lugar.
En septiembre de 1991 comenzó, por orden del juez Andrés Contreras, la excavación de las tumbas NN de ese patio.
Eran 107 tumbas y 126 cuerpos. En algunas había más de una osamenta, lo que hizo que Augusto Pinochet comentara entonces: “Pero que economía más grande”.
Los cuerpos encontrados fueron remitidos al Servicio Médico Legal para el proceso de identificación. Luego de dos años se inició la entrega de los restos a sus familiares, lo que estuvo a cargo de esa institución pública bajo la dirección del doctor César Reyes. El trabajo continuó en los años siguientes.
Se informó que 30 cuerpos no podrían ser identificados por las condiciones de sus restos.
En el Gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la entonces ministra de Justicia Soledad Alvear dispuso dotar al Servicio de la infraestructura necesaria para la creación de un laboratorio de biología molecular que permitiera la aplicación de la técnica ADN mitocondrial. Por ese mismo período, el entonces concejal radical José Antonio Gómez llegó a la Secretaría de Estado, primero como asesor y luego como subsecretario. Finalmente, fue designado ministro en las postrimerías de esa Administración y fue confirmado por el presidente Lagos.
Por otra parte, el médico fisiatra Jorge Luis Rodríguez Díaz fue designado director del SML el 28 de abril de 1995, por Decreto Supremo N° 405 del Ministerio de Justicia. Era también militante del radicalismo. Permaneció sirviendo esa responsabilidad hasta el 2002.
En ese período, la AFDD representó al Servicio y a los ministros José Antonio Gómez y Luis Bates su preocupación por la rigurosidad del trabajo de investigación, así como por las “incoherencias entre uno y otro informe”, según dice su presidenta, Lorena Pizarro.
Pero en el SML hubo ;”nula recepción de nuestros planteamientos”; y “los ministros; no fueron capaces de enfrentar el tema de fondo, que era la reestructuración profunda de la Unidad de Identificación de Detenidos Desaparecidos”.
Una iniciativa para mejorar la calidad del trabajo fue el establecimiento de un convenio de cooperación con la Universidad de Granada, que permitió que expertos supervisaran lo realizado. Sus conclusiones validaron el trabajo en ADN, pero observaron severas deficiencias en el trabajo antropológico.
En el 2002 se conoció el Informe Glasgow, el cual había sido publicado en octubre de 1995 y entregado al SML, el que lo habría mantenido en secreto hasta ese año. Indicaba que a lo menos tres identificaciones eran incorrectas de las 20 enviadas y las restantes no tenían condiciones de ser investigadas por la mala calidad de lo entregado (vaciados de yeso). El escándalo de este ocultamiento redundó en el nombramiento de la fiscal Mónica Maldonado para investigar el caso.
Cuando aquel informe trascendió a los medios de comunicación, Gómez admitió haber tenido conocimiento de su existencia cuando aún era asesor ministerial. Con esos antecedentes, la AFDD recurrió a tribunales, recayendo la investigación en el ministro Sergio Muñoz, el cual, en marzo de 2005 exhumó 92 restos periciados con la aplicación de la técnica de ADN mitocondrial en el SML.
Con la designación de Muñoz en la Corte Suprema, el caso quedó en las manos del juez Carlos Gajardo, quien recibió el dramático resultado: 48 de las 96 víctimas fueron mal identificadas; en otras 37 no existe seguridad de su identidad; 4 no arrojaron resultados; 3 no fueron periciados por encontrarse sus restos fuera del país; otras tres no tenían muestra de ADN, y una cuyo ADN no está acreditado.
La AFDD resumió la situación en los siguientes términos: “Mal identificados significa reabrir heridas, mal identificados significa reiniciar la búsqueda, mal identificados significa que nuestros seres queridos vuelven a desaparecer, mal identificados significa un dolor que jamás pensamos que deberíamos volver a vivir”
DENUNCIA IGNORADA
En el 2002, la directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio presentó una denuncia en la Contraloría General de la República contra Jorge Rodríguez, en la que exponían un “cúmulo de irregularidades en que han incurrido autoridades del SML, y que se han convertido en factores causales de la crisis de confianza y menoscabo de la función pericial que por ley se le tiene encomendada”
A pesar de que la denuncia no se refería específicamente a los casos de desaparecidos, allí se encuentran pistas que permiten formarse un cuadro bien aproximado de lo ocurrido. Así lo entendió la fiscal nombrada por el Ministerio de Justicia, la jefa de la División Jurídica, Constanza Collarte, quien citó a declarar al presidente de la Asociación, José Morales Acevedo.
El directivo gremial declinó hacer declaraciones sobre la materia, a raíz de la solicitud de la fiscal. Sin embargo, Ercilla tuvo acceso al contenido de la presentación. En el extenso documento se imputan a Rodríguez irregularidades tales como empresas relacionadas, contratos para sus socios “incluso para su hermano”y pago de honorarios sin justificar, incluyendo un consejero metropolitano del PRSD, Gustavo Villar.
En este “cúmulo de irregularidades” hay aspectos vinculados a la identificación de los restos de detenidos desaparecidos. Por ejemplo, señala que Rodríguez habría contratado “al abogado e investigador en criminología, Fernando García Díaz, como abogado del Departamento Jurídico (del Servicio) y encargado de la Unidad de Identificación de Detenidos Desaparecidos. Su retiro del ServicioMédico Legal coincide con el retiro del doctor Rodríguez como director del SML”
Antes, García habría asumido como docente en la Universidad de la República y en la misma casa de estudios se formó el Instituto Gedesa, del cual García “pasó a ser su secretario ejecutivo y Jorge Rodríguez su presidente”
Posteriormente, se estableció un convenio entre el Servicio Médico Legal, firmado por Rodríguez, y la Universidad de la República “mediante el cual se encarga a investigadores de la casa de estudios efectuar un estudio sobre ADN
mediante el pago de un precio de 400 UF”.
Los investigadores designados por la Universidad fueron el mismo Fernando García, el tecnólogo médico Hugo Jorquera “funcionario del Servicio Médico Legal” y José Lorente, “contratado como investigador en casos de detenidos-desaparecidos por el mismo Servicio”.
José Lorente Acosta era profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada.
Al respecto, el diario electrónico “El Mostrador” informaba el 13 de junio del 2001 que “desde mayo de 2000 el Departamento de Biología Molecular del SML, encabezado por el biólogo Hugo Jorquera, trabaja en la extracción y análisis de ADN mitocondrial en aquello casos de detenidos-desaparecidos que están bajo la tutela del organismo “. Hasta ahora, según el SML, no hay resultados concretos, sino sólo aproximaciones. No obstante, el experto español José Antonio Lorente, que está próximo a integrar la Unidad de Identificación “explicó que este equipo ya está en condiciones de dar a conocer algunas identidades de los casos más emblemáticos: los del Patio 29, Cuesta Barriga y algunos hallazgos que ha realizado el magistrado Juan Guzmán”
Por otro lado, Jorquera aparece mencionado en la presentación de los funcionarios en relación a un caso irregular que comprometería a la doctora América González. Ella, se explicaba, “es una antigua funcionaria, cuyos servicios en el SML se originaron durante el régimen militar”. Agrega que fue una directiva de confianza de Rodríguez, quien “la ha colmado de nombramientos, becas, privilegios y exenciones”
Así, “la doctora González ha sido designada por el doctor Rodríguez como jefe titular y suplente del Departamento de Tanatología, directora nacional subrogante, jefe del Departamento de Extensión y Docencia”. Y también estuvo a cargo de la Unidad de Identificación.
FUNCIONARIA DE CONFIANZA
Al respecto, uno de los aspectos que más extensamente aborda esta presentación es una “historia de errores periciales de la doctora América González, no sancionados” Señala que González “en su larga historia profesional tiene “ una larga historia de yerros, que en algunos casos no han sido investigados y en otros no han sido sancionados”
En ese sentido, indica que “existen antecedentes de negligencia culpable en numerosas autopsias que ha practicado”. Algunos ejemplos que cita el documento:
- “Incurrió en un grave error en el peritaje de la muerte del estudiante asesinado en Quillota en una comisaría de Carabineros, Carlos Godoy Echegoyen, a quien se le atribuyó la muerte súbita como causa del fallecimiento, ocultando que falleció a causa de politraumatismo, a causa de las torturas recibidas”
-“En la autopsia de Cecilia Magni, asesinada por efectivos militares de la CNI en el río Tinguiririca, se le atribuyó la muerte por causa de asfixia por sumersión, ocultando que ocurrió a causa de politraumatismos con señales de
haber sido violada y torturada”
-“En la autopsia de siete presos calcinados en un incendio ocurrido en la Cárcel de San Miguel, los errores de identificación de la doctora González importó entregar en forma equivocada tres cadáveres a familiares que no les correspondían”.
El episodio que vinculaba a la profesional con el antes citado Hugo Jorquera se refería a “la pérdida de un informe de ADN, desaparecido de su escritorio y que daba cuenta del error pericial en que había incurrido en los casos de la Cárcel de San Miguel”.
Le habría correspondió al tecnólogo médico Hugo Jorquera González, jefe de la Unidad de Biología Molecular, descubrir la verdadera identidad de los calcinados y redactar el informe. Sin embargo, confidenció “su resultado a la doctora González” la que “ocultó el informe oficial redactado y firmado por Jorquera, alegando que lo extravió y nunca se impuso de su contenido. El tecnólogo Jorquera, a su vez, guardó completo silencio”
Tras enumerar otros casos, el documento indica: “No obstante estos reiterados y graves errores periciales, la doctora González no ha sido sancionada, prestándole siempre su más amplio apoyo el director nacional, Jorge Rodríguez Díaz. Le ha designado jefa de la Unidad de Identificación y ha insistido en nombrarla jefe o encargada de la Unidad de Docencia para la aplicación de los Convenios (con Universidades”.
En lo que respecta a su participación en la identificación de detenidos-desaparecidos, la presentación subraya la “incompetencia (de la profesional) para periciar osamentas”, indicando que “ningún médico cirujano tanatólogo, como la doctora América González, está en condiciones de efectuar peritajes de osamentas, labor altamente compleja que requiere de instrumentos especializados, pruebas de laboratorio y concurso de ciencias auxiliares, como arqueología, antropología, geología”
A pesar de sus reiterados errores, “el propio ministro de Justicia incurrió en el error de distinguirla con una anotación de mérito en su hoja de vida, al poco tiempo después de practicar, con manifiesto y negligente error, las pericias sobre los cuerpos calcinados de los presos de la Cárcel de San Miguel”. Agrega: “La nota de mérito fue consignada por el ministro José Antonio Gómez el 21 de diciembre de 2000, siendo director nacional el doctor Jorge Rodríguez”.
Señalaba el ministro: “Anótese y regístrese anotación de hecho relevante positivo: por demostrar una vez más su compromiso institucional, por cuanto en momentos críticos supo redoblar sus esfuerzos sin más estímulos que su buen
desempeño, demostrando claramente cuál es el verdadero espíritu de un servidor público y al interior de nuestro Servicio. Ha sido uno de los pilares del proceso de modernización”
En esa época, la doctora González había sido designada para asumir como coordinadora de los peritajes de Pinochet, los que permitieron que fuera declarado inimputable por problemas de salud mental.
Víctor Osorio
