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POLÍTICA
Gobierno ordenó investigación sumaria al interior del Servicio Médico Legal
Cristian Chandía E.
24/04/2006 11:00
Tras participar en el comité político de La Moneda, el ministro de Justicia Isidro Solís anunció que el gobierno instruyó a partir de hoy una investigación sumaria al interior del Servicio Médico Legal para determinar las responsabilidades en la identificación errada de 48 cuerpos de detenidos desaparecidos del Patio 29, en el Cementerio General.
Solís espera en un plazo de 30 días "un informe exacto acerca de cuáles fueron los actores que participaron en esta situación".
El ministro agregó que la idea es fortalecer tanto la dotación humana como de equipamiento del Médico Legal para proveer los mejores avances de la ciencia destinados a evitar que se repitan hechos de esta naturaleza.
El anuncio se produjo cuando en La Moneda la Presidenta Michelle Bachelet sostenía un encuentro con la socióloga María Luisa Sepúlveda, encargada del programa especial que busca "saber exactamente la situación de las personas encontradas en el Patio 29". La creación de este programa se dio a conocer ayer en conjunto con la implementación de un nuevo sistema de identificación de ADN nuclear, que permitirá establecer la identidad de las personas con mayor eficacia que el aplicado actualmente.
María Luisa Sepúlveda deberá por un lado ser el canal directo con las familias afectadas para informar sobre los pasos del gobierno y encargarse de supervisar el nuevo proceso de contra-muestras y el trabajo de peritos forenses extranjeros. Todo esto, en contacto permanente con las carteras de salud, interior y justicia.
La coordinadora descartó que su labor sea la de una interventora. "La Presidenta me ha dado la tarea de trabajar, de coordinar y reportarle a ella que todas las instancias regulares del gobierno funcionen para que esto pueda llegar a buen término", señaló.
La ex secretaria ejecutiva de la comisión Valech dijo que su tarea no contempla buscar responsables ya que esa labor está a cargo de una "comisión que se creará en el parlamento", apuntó.
Respecto a la posibilidad de que el nuevo proceso que se abre con el caso del patio 29 se extienda a otras causas de derechos humanos, existe la voluntad política del gobierno, aunque estiman en el gobierno que es resorte de los jueces tomar la decisión a petición de los familiares. En todo caso la Moneda no quiere generar más incertidumbre de la que existe con los errores detectados en el trabajo del Servicio Médico Legal.
COMISIÓN INVESTIGADORA
La idea de generar una instancia legislativa que investigue los errores en la identificación de cuerpos es primordial para el oficialismo.
El timonel de la DC Adolfo Zaldívar llevó esta inquietud al comité político de ministros y presidentes de partidos que se realizó en La Moneda.
Para Zaldívar "es un tema grave". El falangismo es partidario de la conformación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que "vaya al fondo de lo ocurrido (...) La disposición nuestra tiene que ser de la mayor colaboración".
El Partido Socialista hizo eco del planteamiento de la abogada Pamela Pereira. El presidente de la colectividad Ricardo Núñez aseguró que "tiene que haber una comisión que investigue, el gobierno además debe tomar todas las medidas a su alcance y estamos satisfechos por la posición que asumió la Presidenta Bachelet".
Núñez señaló que María Luisa Sepúlveda tiene "toda nuestra confianza, con aquellos que hemos estado vinculado con los temas de derechos humanos". Incluso no ve muy lejana la posibilidad de que el parlamento genere condiciones para que ella tenga responsabilidades jurídicas claras como por ejemplo ser subsecretaria de derechos humanos.
Errores
Las primeras dudas públicas sobre el proceso de identificación de los cuerpos surgieron el 6 de agosto de 2002, cuando se conoció que el SML no había divulgado un informe de la Universidad de Glasgow, que señalaba que tres restos entregados y enterrados no correspondían a los identificados por el organismo forense.
Tres años más tarde el ministro Sergio Muñoz, quien indagó el caso, informó a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos los problemas de identificación y pidió nuevos peritajes.
Fuentes ligadas al caso se encuentran analizando si el error fue una negligencia del SML o se debió a una carencia tecnológica que se tenía cuando se hicieron los peritajes. Las pruebas se realizaron mediante procesos antropológicos, pero estos fueron contrastados por exámenes de ADN, los cuales detectaron el error.
El problema en la identificación generó en 2003 una demanda por más de $ 200 millones contra el Estado, por haber identificado erróneamente los restos de Luis Largo Vera. No hubo conciliación entre las partes y el proceso ha seguido adelante.
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