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Domingo 30 de abril de 2006
El drama de los detenidos desaparecidos sigue penando
Patio 29: Muertos sin nombre
Si no hubiera tanto dolor de por medio, se podría hablar de una comedia de equivocaciones. Lo único claro es que la promesa de aclarar el destino de un millar de chilenos desvanecidos por la dictadura sigue siendo una deuda pendiente para los gobiernos de la Concertación. Por ahora, aún no hay justicia... ni verdad.
| Nación Domingo |
Por Javier Rebolledo y Luis Narváez
El 29 de marzo de 2005, el ministro Sergio Muñoz llegó hasta el Cementerio General acompañado de personal de la Policía de Investigaciones y de peritos del Servicio Médico Legal (SML) para exhumar por segunda vez restos de víctimas de la dictadura y practicarles exámenes de ADN. El trabajo anterior fue realizado entre 1991 y 1996 por peritos adjuntos y funcionarios del SML. Identificaron 96 personas asesinadas entre septiembre y diciembre de 1973. Muñoz fue asignado al caso luego que se reordenaran las causas de violaciones a los derechos humanos –entre las que estaban las inhumaciones del Patio 29 y las ya cuestionadas identificaciones del SML–, debido a diversas denuncias de irregularidades e incertezas.
“En el caso de los asesinatos de Paine, a cargo de la jueza María Teresa Elgarrista, artilleros del Ejército confesaron que sus cuerpos fueron lanzados al mar. Lo mismo ocurrió con los desaparecidos de La Moneda y que figuraban entre los cuerpos del Patio 29”, explica Gabriela Zúñiga, vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Además, se sumaba el controvertido informe solicitado en 1994 por el SML al experto escocés Peter Vanezis, de la Universidad de Glasgow, cuyas conclusiones no coincidieron con los resultados de los peritos chilenos. Según la AFDD, conocieron la existencia del informe Glasgow sólo en agosto de 2002. Por este caso, la abogada Pamela Pereira presentó una acusación que fue investigada por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.
INFORME ORREGO
La exhumación ordenada por Muñoz se llevó a cabo pese a que en 2003 el especialista en genética molecular y PhD en Bioquímica Cristián Orrego –contratado por las carteras de Justicia e Interior– había recomendado suspender todas las labores de identificación mientras el SML no fuera evaluado y acreditado por órganos internacionales.
El facultativo se desempeña como analista de ADN del Departamento de Justicia del estado de California (EEUU), y fue invitado en ese entonces para formular una nueva etapa “en la aplicación de las ciencias forenses a la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición”.
El informe de Orrego señalaba en 2003 que “el SML debe someterse a una evaluación externa de todos sus procedimientos e iniciar el proceso de acreditación de la institución y, en especial, de la unidad de identificación y del laboratorio de biología molecular, por una agencia externa aceptada internacionalmente”.
Por lo mismo, concluye que el SML “debe suspender el trabajo de identificación, ya sea por evidencia antropológica como molecular de ADN, hasta que se encuentre debidamente acreditado para hacerlo”.
El 9 de mayo de 2005, la abogada Pereira le entregó al entonces presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, el informe Orrego y agregó las mismas críticas que por estos días la han enfrentado con ex autoridades de Gobierno. Por decisión del máximo tribunal, el escrito de Pereira fue entregado a Luis Bates quien era el ministro de Justicia.
ALMA NEGRA
El espinudo caso del Patio 29 resucitó el 20 de abril pasado, cuando el director del SML, Óscar Vargas, pidió perdón a los familiares de las víctimas, pues tras los exámenes de ADN ordenados por Muñoz a 96 restos, había errores en 48 casos. Quedó la debacle. La abogada Pereira –hija de un desaparecido– exigió la renuncia de Vargas. El presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, anunció la creación de una comisión investigadora y pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) hacerse parte de una demanda contra el SML. La oposición apoyó la idea de investigar y se sumó con fuerza a las críticas. La AFDD fustigó a los gobiernos de la Concertación.
“Nosotros advertimos al Presidente Lagos y a los ministros de Justicia José Antonio Gómez y a Luis Bates, sobre los errores de identificación en el Patio 29”, señaló la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro.
El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, intentó calmar las aguas: “Errores en los peritajes no pueden ser causa de una responsabilidad política de un Gobierno”, advirtió.
La Presidenta Michelle Bachelet se reunió con la AFDD, anunció que destinarán “los fondos necesarios” para esclarecer el tema de una vez y nombró a la asistente social María Luisa Sepúlveda como delegada presidencial para acompañar al juez Carlos Gajardo, quien tiene a su cargo el caso, y determinar qué sucedió.Los responsables directos de los errores parecían ser los peritos del SML a cargo de los primeros peritajes. Entre ellos, el ex director del SML Jorge Rodríguez, la ex jefa de la Unidad de Identificación Patricia Hernández y los peritos a cargo del levantamiento y análisis forense, Isabel Rebeco, Jaime Mery y Luis Ciocca. Todos ellos, según Leal, habrían cometido una negligencia culpable “que daña irremediablemente la credibilidad del organismo”.
Sin embargo, poco después, el 27 de abril, el juez Gajardo señaló que los demoledores resultados informados por el director del SML no eran concluyentes. El mismo día, Vargas pidió públicamente ser cautos, que pudo haber apresuramiento al no consultar con los peritos forenses (supuestamente) responsables del error y que las conclusiones se podían contrastar con otros estudios. Los miembros de la AFDD se reunieron con Gajardo y le solicitaron un tercer peritaje que el juez no descartó.
El cambio de opinión de Vargas no fue antojadizo, los “imputados” esgrimen antecedentes que, por lo menos, ameritan que los nuevos resultados sean sometidos a otro análisis.
Como anexo, el viernes pasado, Pereira afirmó que hubo una “auditoría” de parte del Gobierno de Lagos para investigar las irregularidades en el SML y los aparentes negocios de su ex director Jorge Rodríguez. La abogada afirmó que fue llamada a declarar, al igual que el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez. El actual senador acusó a Pereira de tener “el alma negra”, la llamó a “dejar de mentir” y anunció acciones legales si no se retracta.
Gonzalo Martner (PS), ex subsecretario de la Presidencia, confirmó la auditoría, pero afirmó que Gómez nunca declaró.
SE DEFIENDEN
Luego de que el tema reventara, la Justicia solicitó a la doctora Patricia Hernández un informe con los antecedentes de la investigación que realizó. Así lo hizo. En algunos casos, como el del doctor Enrique Paris, había bastante cantidad de evidencia forense. Se contaba con sus placas dentales y se contrastaron piezas específicas, se hizo superposición fotográfica y el cuerpo exhumado estaba quemado, como señalaban antecedentes testimoniales.
Todo el equipo que participó en las primeras pericias y que es imputado de los errores, hoy está fuera del SML. Varios de ellos son antropólogos que en 1989 formaron el Grupo de Antropología Forense (GAF), previendo que la democracia abriría un espacio para buscar e identificar detenidos desaparecidos. Recibieron formación de médicos forenses y odontólogos de la Universidad de Chile y de especialistas extranjeros
Isabel Rebeco, fundadora del GAF, fue nombrada en 1991 como perito adjunto para pesquisar el Patio 29. Luego, en 1994, el SML contrató a Rebeco y se formó la denostada Unidad de Identificaciones. Ella defiende su trabajo: “No es posible que el error se haya cometido sobre 48 osamentas. Técnicamente es una aberración”, señala.
Además, descarta la mezcla de huesos. “Estaban en fosas individuales, dentro de un cajón de madera. Sólo en una fosa hay tres cuerpos y en otras cinco hay dos restos. Pero estaban separados. Todos eran esqueletos completos y en buen estado de conservación”, explica.
Rebeco critica los nuevos peritajes del SML: “No han entregado los resultados de ese estudio ni lo sometieron a una segunda opinión, sólo han dicho que nosotros cometimos errores”, se queja.
El antropólogo Elías Padilla, ex integrante del GAF, estima que el SML no ha dado los pasos correctos tras concluir que los resultados anteriores eran erróneos. “Lo que procedía es habernos llamado para analizar el tema. Si son ellos los equivocados, ¿de nuevo van a pedir perdón?”, sostiene Padilla.
Frente a todo lo sucedido, Roberto D’Orival, presidente de la Corporación 119 y hermano del asesinado militante del MIR Jorge D’Orival, observa el tema con perspectiva y apunta que la cuestión central ha sido dejada de lado. “Los huesos no son lo más importante de las personas. Si no hubiera Ley de Amnistía y declararan los militares involucrados se tendría información más exacta y estaríamos más cerca de la reconciliación. Eso no lo entregan los cuerpos, sino la voluntad política de llegar a la justicia”. LND
La historia del Patio 29
Si hoy se habla –con polémica o no– del Patio 29, en gran medida se debe a una serie de sucesos que a fines de la década de los ’70 permitieron que este camposanto, con tumbas innominadas, se convirtiera en una prueba concreta de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet. Y en ello hubo connivencia de los tribunales civiles, y hasta de la propia justicia militar.
En noviembre de 1979, monseñor Ignacio Ortúzar, a cargo de la Vicaría de la Solidaridad, recibió antecedentes sobre tumbas irregulares en que se realizaron más de 200 inhumaciones ilegales en el Patio 29, y la existencia –en el mismo lugar– de al menos seis cuerpos de las víctimas de Paine. Este era uno de los pocos casos que por aquel entonces contaba con un proceso formal y un ministro en visita que investigaba la detención y desaparición de 24 campesinos.
El prelado derivó la denuncia al entonces ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Humberto Espejo. Las gestiones judiciales las realizó el abogado de la Vicaría Nelson Caucoto, quien logró que Espejo prohibiera a las autoridades del cementerio inhumar, exhumar, incinerar o trasladar los restos de personas enterradas como NN. Una medida inédita en plena dictadura.
El magistrado recibió los protocolos de autopsia, donde estaban las descripciones detalladas de cada una de las personas (rasgos físicos, ropa, cicatrices, etc.) y las comparó con las fichas que la Vicaría había confeccionado de los detenidos de Paine.
Caucoto señala que grande fue la sorpresa cuando el juez constató la efectividad de las coincidencias en varios casos. Pero el magistrado se declaró incompetente y envió el caso a la justicia militar.
Como se esperaba, el tribunal castrense rechazó realizar exhumaciones, pero ratificó la orden para no realizar ningún movimiento en el Patio 29. Nada ocurrió hasta 1982, cuando trabajadores del camposanto advirtieron a Caucoto que durante las noches, militares se estaban sacando cuerpos.
El abogado denunció al tribunal la violación de la orden. “El fiscal pidió un informe y el director del cementerio se atrincheró en que la resolución decía no tocar los NN, y en el Patio 29 hubo gente que de alguna manera identificó a sus fallecidos y en la cruz escribieron sus nombres. Este resquicio rompió el espíritu de la resolución y usaron la argucia para hacer desaparecer los cuerpos”, explicó el profesional.
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